LA EMANCIPACIÓN SOCIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA*.
Theoretical perspective for the analysis of social
emancipation in public policy.
Mauricio Jaraba Vergara
Licenciado en filosofía y Pedagogía,
magister en Estudios Políticos y relaciones internacionales, Candidato a doctor
en ciencias sociales y políticas. Docente investigador de la Universidad Pontificia
Bolivariana, docente cátedra de la Universidad Autónoma Latinoamericana
Medellín Colombia. Correo electrónico: mauricio.jaraba@upb.edu.co , mauricio.jarabave@unaula.edu.co
Resumen
Objetivo:
Analizar
ciertos procesos de emancipación social para entender como estos irrumpen o
permiten otra lectura de la política pública en Colombia. Metodología: es un trabajo teórico hermenéutico que posibilita la
revisión de la literatura sobre el tema y demanda una postura crítica en el
andamiaje conceptual de la problemática. Dos categorías imperan en éste
artículo; Política pública y emancipación social que sirven como fórmula para
comprender la ecuación: participación,
democracia, reivindicación de los derechos y principios basados en la
organización social y la constitución política.
Resultados: Podemos considerar, que la investigación nos conduce a
explorar territorios sobre la actividad política que debe ante todo, permitir
que se construyan acciones colectivas de integridad, que favorezcan la cohesión
entre Estado y sociedad y los mecanismos democráticos.
Conclusiones: Las herramientas para el análisis de la política
pública, son ante todo un instrumento implementador, medidor y evaluador que
nos indican el grado de efectividad de las estrategias interventoras que
señalan el mejoramiento. Así mismo, este análisis ofrece una renovación de los
estudios para la comprensión del Estado y sus acciones, máxime cuando se trata
de la organización social y la autodeterminación.
PALABRAS
CLAVES:
Emancipación, política
pública, democracia, participación, autodeterminación, reconocimiento de
derechos.
Abstract
I target: To analyze certain processes of social
emancipation to deal as these irrumpen or they allow another reading of the
public politics in Colombia. Methodology: it is a theoretical hermeneutic work
that makes the review of the literature possible on the topic and demands a
critical position in the conceptual scaffolding of the problematics. Two
categories reign in this one article; public Politics and social emancipation
that they serve as formula to understand the equation: participation,
democracy, recovery of the rights and beginning based on the social
organization and the political constitution. Results: We can think, that the
investigation drives us to explore territories on the political activity that
has to first of all, allow that collective actions of integrity should be
constructed,
Key
words:
Emancipation, public politics, democracy,
participation, self-determination, recognition of rights.
Introducción
“No
existe independencia del poder, ni el
sujeto puede oponerse
a él
o polarizarse, pues el poder atraviesa todo
el campo
de
lo social. La “resistencia” al poder forma
parte de sus
mecanismo”
2005, Albano
La implementación y
formulación de las políticas públicas en Colombia es un tema que viene cogiendo
vigor. El proceso de su conocimiento y adelanto apenas evoluciona en el
lenguaje común gubernamental y específicamente en el ámbito local y regional.
Colombia ha sido un escenario de múltiples transformaciones sociales, es por
eso, que analizar las políticas públicas desde los términos de emancipación
social, sugiere una perspectiva de reconocimiento en los espacios de: participación,
igualdad, democracia y reivindicación de los derechos. La emancipación social
más que una alternativa, se convierte en ese escenario político donde se
construyen sociedades nuevas basadas en principios de organización social y de
gobierno en la configuración del sistema político. En este sentido,
comprendemos que hay mucho que trabajar a lo que se refiere a la participación
e inclusión, por eso, ésta propuesta es solo una posibilidad que señala las
iniciativas sociales que van permitiendo lecturas emancipatorias y de
reagrupación que tienen su ascensión en el escenario político.
Emancipación social y
política pública, análisis preparatorio
El
estudio de la política pública se orienta como una herramienta para entender la
praxis de la ciencia política, aunque también podríamos entenderla desde otra
óptica, señala Raúl Velásquez: la política pública es una acción gubernamental,
un proceso integrador de decisiones por parte de las autoridades y entes
particulares (2009) estos programas de índice político, tienen un eje
articulador que es el escenario social, es aquí donde queremos estudiar la
política pública. La emancipación social por su parte, traza unas rutas que nos
sirven de esquema cartográfico para comprender la dinámica del binomio, sociedad
y política pública. Los principios fundamentados en la organización y la
autodeterminación son fundamentales en cuanto buscan edificar procesos que
favorecen a la comunidad, ostenta el doctor Oscar Oszlak:
“En
los problemas toda sociedad debe decidir de qué manera enfrentar y resolver los
problemas que plantean la supervivencia de sus miembros y la convivencia
relativamente pacífica del conjunto. En tal sentido, podría hacerse referencia
a una “agenda social problemática”, vista como el conjunto de necesidades y
demandas de las que se hacen cargo determinados actores sociales, adoptando
decisiones y llevando a cabo acciones tendientes a satisfacerlas.” (2007).
Entender el punto donde converger el
Estado y la sociedad en términos de participación es complejo, aunque podemos
ocuparnos de mencionar los planos de interacción que existen entre ellos, para
esto afirmemos lo siguiente, el objetivo de la formulación de las políticas
públicas no es solo resolver principalmente una problemática específica. La
participación de ciertos actores que construyen
la agenda de intervención, deben reconsiderar los intereses con que se hacen,
es responsabilidad de la ciudadanía, reclamar unos excelentes programas que
vayan en busca del mejoramiento. Permitamos que Adolfo Eslava lo exprese: “El ciudadano responsable debe exigir
políticas públicas de calidad a cambio de su decisión democrática; en la medida
que exista mayor participación en los debates de ciudad, se incrementan las
garantías para definir prioridades que propendan por el bien común” (Eslava,
2008) en consecuencia, políticas públicas encaminadas a favorecer a las
mayorías están condicionadas a la presencia de ciudadanos bien informados y
comprometidos en los espacios de decisión.
Es cierto, que la participación ciudadana en Colombia tiene muchas
facetas que explorar y aplicar, empero, pueden crearse estrategias que vayan
acordes a promover políticas de participación ciudadana. La construcción de las
políticas públicas debe permitir que el ciudadano manifieste su visión,
considere y reconsidere su papel. Es necesario saber que la inclusión del
ciudadano en el ejercicio de ejecución de los programas públicos; constituye un
intento de pluralidad, está es ante todo un ascenso participativo que permite
deliberar y juzgar cualquier eventualidad sometida a una dinámica social.
Entender las políticas públicas en el
marco de los procesos de modernización del Estado no sólo implica comprender
los cambios en la gestión gubernamental en la relación Estado y Sociedad Civil,
sino también cambios en los principios o ejes rectores de las mismas. En tal
sentido; las políticas públicas han gestionado una caracterización por
incorporar tanto en su diseño como en su ejecución distintos aspectos: La
descentralización y la equidad territorial, que constituyen condiciones básicas
que posibilitan la constitución de mecanismos y niveles de participación más
adecuados y democráticos.
La descentralización ha producido un cambio
significativo del mapa político territorial. Aunque este es un proceso
inacabado, ya se destacan algunas tendencias importantes, entre ellas, la
aparición de nuevas fuerzas políticas de estirpe ideológica muy variada, que
han desbancado a los partidos tradicionales de su hegemonía secular y dibujan
en conjunto un panorama disímil que mezcla partidos nuevos de carácter
nacional, los partidos liberal y conservador y nuevas fuerzas regionales y
locales que han surgido al calor de la elección popular de alcaldes y
gobernadores. La equidad territorial se refiere; a la política de equidad
espacial que busca mecanismos de igualdad en todos los niveles de bienestar
social. En este sentido, hablamos de una redefinición territorial del poder,
que busca la focalización de los recursos, donde se pueden beneficiar las zonas
rurales y urbanas que buscan redistribuir los ingresos en la promoción del
ciudadano.
En otro punto, cuando las decisiones vienen
de arriba, del gobierno, las instituciones implicadas, ponen en juego ciertos
beneficios que se han logrado en la trayectoria gubernamental. Por ejemplo, las
modificaciones que se pueden dar por intereses partidistas tienden a variar
incluso los objetivos que se previeron al inicio de un proyecto público o de un
programa. Algunas preguntas que se podrían plantear frente a estos procesos
son: ¿qué implicaciones pueden tener la toma de decisiones en una agenda
pública? ¿Qué impacto pueden tener las intervenciones políticas para garantizar
en fondo, una reelección gubernamental? ¿Corresponden los programas a lo que el
gobierno considera como justo o como modelo a seguir? Los intereses
particulares no son los mismos que los colectivos, sin embargo, considerarlos
es poner en la mesa solo los beneficios y privilegios de unos cuantos. En este sentido,
es necesario reconsiderar la influencia que se ve entre los actores públicos,
Pierre Muller da un punto de vista, veamos.
[…] La influencia entre los actores, tendrá que
ejercerse, generalmente, en el marco de las negociaciones interministeriales,
en las cuales e integran los puntos de vista de los diferentes actores que
participan en la decisión. La complejidad de la misma del funcionamiento
interministerial que hace intervenir numerosos actores animados por lógicas
diferentes (administraciones sectoriales, primer ministro, presidente de la
república, comité de expertos) es, entonces el reflejo de la complejidad y,
sobre todo, de la heterogeneidad de las restricciones que pesan sobre la
decisión en materia de política pública. (2006).
Quienes formulan la agenda de gestión
pública se mueven en un panorama complejo, ya que los análisis implican tener
como precedente, múltiples factores sociales, administrativos, económicos entre
otros. Al contemplar y tratar el problema, no basta con enfocarse en la demanda
social que ha sido requerida, es necesario abrir la famosa caja de pandora, para
examinar los procedimientos; estos hay que hacerlo desde la estructura misma,
desde los actores implicados, ya que el impacto de la administración sobre las
políticas públicas, se da en todos los niveles, incluyendo aquellas etapas
donde se empieza a pensar las posibles soluciones.
Por lo anterior, los que configuran el
protagonismo de la implementación pública, trazan varias líneas que pueden
posibilitar soluciones. Además, nunca se dejan de lado aquellos intereses que beneficien su cargo. Los actores no
actúan en función de un interés claramente definido que desemboca en una
estrategia perfectamente homogénea. Una de las finalidades de la agenda de
política pública; es razonar procesos aislados para lograr integración de
intereses de aquella comunidad afectada. Un camino alterno que puede iluminar
este nudo de intereses, donde falta alternar la integración, socialización
ideológicaas incluso otros factores, puede ser la de-construcción de las etapas de la agenda. Pero, ¿Qué podemos
entender por de-construir las etapas
de la agenda?
De-construir
es sinónimo de volver al problema y contemplar la gama de posibilidades que
este en sí ofrece. No se trata que cuando la agenda pública sea planteada, se
encamine siempre a los intereses y conciernas de unos pocos. Este factor debe
ante todo favorecer las formas de emancipación social.
En consecuencia con lo dicho, la
emancipación social como posibilidad de política pública recurre a dos lazos
fundamentales; el primer lazo tiene que ver con la participación activa que
tienen los ciudadanos a la hora de formular una intervención de un programa de
política pública. Este suceso va medido por los derechos, intereses y
perspectiva que mueven aquellas personas que están afectadas directamente por
el problema. El segundo lazo se remite al factor de de-construir los intereses
particulares y ver con más objetividad la implementación de estos programas,
recordemos que de-construir se entiende como: “[…] Forma de deshacer, desmontar algo que se
ha edificado, demoler lo construido, descomponer en partes lo elaborado, pero
no con vistas a destruirlo, sino a fin de comprobar cómo está hecho ese algo,
cómo se ensamblan y se articulan sus piezas, cuáles son los estratos ocultos
que lo constituyen, pero también cuáles son las fuerzas no controladas que ahí
obran”[1].
(Peretti, 1998)
es ante todo un ejercicio de cimentar consensos y alternar soluciones que vayan
en garantía del bienestar común.
Como idea principal, cuando retomamos los
ciclos o pasos de las políticas públicas como posibilidad de emancipación
social, nos damos cuenta, que implícitamente es un proceso secuencial, lógico y
que entra en un engranaje procedimental, que los pasos a seguir dependen los
unos de los otros para poder avanzar. La emancipación social en la agenda
pública, debe responder a reconfigurar una problemática del Estado, encausada
desde la perspectiva democrática, desde la participación, para así considerar
los derechos de los ciudadanos que buscan inclusión y transformación social.
Por otra parte, La emancipación social
desde el andamiaje teórico, pretende estudiar las eventualidades sociales
contrastadas con los riesgos y las oportunidades existentes en una
circunstancia determinada, en este caso, de índole social. La perspectiva
teórica busca ante todo, establecer razones de validez a las problemáticas
sociales que pueden tener una salida emancipatoria, donde los ciudadanos, son
protagonistas directos de su núcleo social.
[…] La emancipación social implica la creación de un
nuevo sentido común político. la conversación de la diferenciación de lo
político en el modo privilegiado de estructuración y diferenciación de la
practica social tienen como corolario la descentralización relativa del Estado
y del principio del Estado. La nueva ciudadanía se constituye tanto en una
obligación política horizontal entre los ciudadanos. Con esto, se revaloriza el
principio de la comunidad y con él la idea de igualdad sin identidad, la idea
de autonomía y la idea de solidaridad (Santos,
Boaventura 1998,)
En este sentido, los programas de política
pública juegan un papel de integración entre ciudadanía y Estado, con el fin de
dar solución o alternativa a un problema. Cuando nos referimos a emancipación
social, hacemos hincapié a un conjunto de luchas procesales, sin un fin
definido. Lo que distingue de otros conjuntos de luchas, es el sentido político
de la procesalidad de las luchas. De esta manera es, para el campo social de la
emancipación, la ampliación y la profundización de las luchas democráticas en
todos los espacios estructurales de la práctica social. Para dar cuenta de esto, es necesario revisar
algunos caso que sirven de ejemplo como procesos orientados desde el plano
jurídico-político, para considerar este aspecto es necesario tener presente que
los procesos emancipatorios, se fundamentan en la teoría jurídico-política tal
como lo sustentan Rodrigo Uprimny y Mauricio García Villegas. Estos autores,
consideran que la emancipación es una forma de inclusión en la democracia
participativa constitucional, para esto, es necesario que se genere una cultura
ciudadana capaz de hacer valer sus derechos y aplicarlos. Ahora, valdría la
pena hacerse la pregunta: ¿Son los derechos una herramienta eficaz para la
emancipación social? es posible que los derechos nos ayuden a restablecer una
participación política, dado que estos buscan el reconocimiento del individuo
en lo social, político, económico, administrativo, salud, seguridad entre
otros.
La Corte Constitucional fue creada por la
nueva constitución, 91; sin embargo, Colombia ya tenía una larga tradición de
control judicial de constitucionalidad, pues al menos desde 1910 se le había
reconocido a la Corte Suprema de Justicia; la posibilidad de que declarara con
fuerza general la inconstitucionalidad de una ley. En 1992, la cultura jurídica
y política colombiana obtuvo un alto grado de familiaridad con la judicial review[2],
al punto de que a pocos les parece extraño que ese tribunal tenga la
facultad de anular leyes aprobadas por el congreso. La Corte podía entonces
entrar a actuar vigorosamente sin temor a dar sanción a las fuerzas,
contrariamente a lo sucedido en otros países, en donde la primera tarea del
tribunal constitucional ha sido la conquista de la legitimidad para su función.
Desde estos términos queremos expresar, que
los diseños procesales que sean hecho en Colombia, buscan que el acceso a la
justicia constitucional sea muy fácil y poco demandable. Así, desde 1910 existe
la acción pública, en virtud de la cual, cualquier ciudadano puede pedir que se
declare la inconstitucionalidad de cualquier ley, sin necesidad de ser abogado
y sin ningún formalismo especial.
Una de las figuras que creo la
Constitución de 1991 fue la acción de tutela, en virtud de la cual cualquier
persona puede sin empre y cuando lo solicite, sin ningún requisito especial, pedir
a cualquier juez el amparo directo de sus derechos fundamentales. En consecuencia con lo afirmado, puede resultar
fácil para un ciudadano convertir un reclamo en una discusión jurídica, tal
como se concibe constitucionalmente, como lo han mostrado los estudios
judiciales comparados, a mayores posibilidades de acceso a las cortes, mayor
influencia política de los tribunales.
Frente a lo dicho, la Constitución colombiana ha logrado incorporar los
derechos fundamentales al plano político, que hoy resulta interesante porque
pone en la mesa, el reconocimiento del individuo en la esfera de la
construcción política. En consecuencia, existen unos casos en Colombia que
logran articular estos procesos y convertirse en emancipación social por
reconocimiento de los derechos[3].
Veamos.
El
movimiento indígena; ningún otro movimiento social en Colombia durante los
últimos 30 años se iguala al de los indígenas en combatividad, fortaleza y
logros. Más aún, entre los movimientos indígenas de América Latina, el
colombiano es, de lejos, el que más beneficios políticos y jurídicos ha
conseguido. Esto sorprende si se tiene en cuenta que la población indígena
colombiana es muy pequeña comparada con el porcentaje de indígenas de otros
países latinoamericanos como Bolivia, México o Ecuador, que dicha población
está muy dispersa en el país y que es muy heterogénea culturalmente. ¿Cómo se
explican entonces esta fortaleza y estos logros? Quizás sea justamente eso: el
hecho de que el porcentaje de la población indígena en Colombia sea muy bajo y
que las concesiones hechas por el gobierno no representan un precio inaceptable
frente a la legitimación política lograda, lo que explica la falta de oposición
dentro de las élites dominantes al proceso de reconocimiento y protección de
las culturas indígenas iniciado con la constitución de 1991.
El
segundo caso tiene que ver con el movimiento sindical; el movimiento sindical
en Colombia tiene una larga historia de luchas que se inician durante las
primeras décadas del siglo XX.
[…] “De manera similar a lo que sucede con el
movimiento indígena, a partir de los años sesenta, la estrategia política de
los sindicatos en Colombia era esencialmente ideológica, de confrontación, y
muy influenciada por una concepción marxista de lucha de clases. La constitución
de 1991 fue promulgada en un momento de crisis de los movimientos sociales y,
en general, de la izquierda, momento que coincide con el surgimiento de las
minorías. El movimiento sindical ha tenido dificultades para adaptarse a este
nuevo tipo de lucha política. Este cambio de perspectiva en la acción política
de los sindicatos ha sido facilitado por la ampliación del concepto jurídico
que resulta de las decisiones de la Corte Constitucional en las cuales se
protegen los derechos de los trabajadores a partir de los principios
constitucionales mismos y no de la ley laboral. En efecto, la Corte, a través
de la acción de tutela, ha desaprobado ciertas prácticas discriminatorias
contra los trabajadores sindicalizados, prácticas que no obstante no violaban
ninguna norma del código laboral” (Uprimny y Garcia 2004).
Así, por ejemplo, la Corte ordenó el
reintegro de trabajadores sindicalizados que fueron despedidos con el
cumplimiento de todos los requisitos legales, debido a que se negaba el
principio de igualdad por el hecho de haberse despedido sólo a aquellos
trabajadores sindicalizados. En un caso similar la Corte ordenó el reintegro de
209 trabajadores sindicalizados de las Empresas Varias de Medellín con
fundamento en un concepto de la Organización Internacional del Trabajo.
En
otra instancia, los derechos de los homosexuales; la visibilidad de los
homosexuales en defensa de sus derechos se hace más clara a partir de la
constitución de 1991, veamos:
[…] “A
partir de esa fecha, y en especial de varias sentencias de la Corte
Constitucional, el tratamiento jurídico de la homosexualidad varía en forma
sustantiva. Así, varios regímenes laborales, como los de educadores y de la
fuerza pública, que prevenían que una persona podía ser sancionada por
conductas homosexuales. La Corte ha atacado la discriminación contra los
homosexuales en todos esos ámbitos. Aunque algunos han criticado ciertos
aspectos de la jurisprudencia de la Corte, que consideran tímidos en insuficientes,
en general estas decisiones son consideradas muy avanzadas, no sólo por muchos
miembros de grupos gay en Colombia sino incluso por estudiosos de otros países”
(Uprimny y Garcia 2004)
¿Qué impacto pudo entonces tener la
jurisprudencia de la Corte en ese mayor reconocimiento social y jurídico de los
homosexuales y viceversa? A pesar de su mayor visibilidad y una cierta
participación en política, resulta difícil decir que en Colombia exista un
movimiento de los homosexuales sólido para defender sus derechos. A lo sumo
existen grupos, con intereses diversos, que se reúnen coyunturalmente para
impulsar algunas marchas o acciones judiciales.
De
lo anterior se sigue, que la demanda de tutela sentencia 406/92 que se llevó a
cabo en la ciudad de Cartagena sobre la calidad del servicio del
alcantarillado, debe ante todo defender los derechos fundamentales consagrados
en la constitución y acorde con la dignidad humana. La corte constitucional en
el año de 1992 dio sanción al servicio de alcantarillado en la ciudad de
Cartagena por motivo de salubridad
pública, esto llevó a que los ciudadanos hicieran parte de una decisión
jurídico política a razón de que Colombia es ante todo, un Estado social de
derecho, donde se entiende e interpreta que el Estado reconoce los derechos y
hace partícipe democráticamente o constitucionalmente a sus ciudadanos[4]
Resumamos: se puede decir que lo planteado remite a considerar que los
movimientos sociales logran establecer junto con las acciones de tutela, formas
de emancipación social que se dan través de estrategias jurídicas propiciadas
por el activismo progresista de la Corte. En el caso de los movimientos
sociales, se plantea una situación problemática considerable que lleve
adelantar sus luchas políticas tradicionales y se logre reconocer el esfuerzo
por la equidad en todos los niveles. Por otra parte, los riesgos de estas
estrategias son claramente mayores cuando se trata de las demandas tutelarías,
estás buscan restablecer principios sociales que reconozcan los derechos del
hombre dentro del ordenamiento autoritario y jerárquico de la sociedad
colombiana.
De esta manera, considerar la emancipación
social como proceso de formulación de política pública, se convierte en una
alternativa de resistencia para el mecanismo de implementación político de
estos programas. La emancipación social se centra en la puesta común de los
intereses del ciudadano. No es lo mismo que el gobierno ejecute una política pública bajo la perspectiva estatal,
que un proceso participativo e incluso emancipatorio donde el ciudadano pone en
común toda una escena de argumentos que permiten la inclusión de intereses y
perspectivas.
La emancipación social entendida desde los
procesos de autodeterminación, alude a la capacidad que posee un colectivo
social para emanciparse del poder hegemónico percibidos por ellos como
opresivos, “[…] discriminatorios, e injustos y que de alguna manera estarían
condicionando, el libre ejercicio de su vida en común, lesionando su dignidad,
conculcando sus derechos o poniendo en riesgos sus vidas, sus pertenencias y
bienes colectivos” (Arendt, 1974) En consecuencia con lo dicho, María Teresa
Uribe comenta:
“Autodeterminarse implica asumir libremente y sin
interferencias su propio devenir como pueblo
o como conjunto social; decir sobre las reglas de la convivencia y sobre
el tipo de orden político que se considere más adecuado, consultando la
voluntad general o la voluntad de la mayoría según sea el caso, construir los
aparatos administrativos o de gestión necesarios para poner en acción el orden
político adoptado y para preservar lo que ese colectivo hubiese definido como
su patrimonio cultural e histórico” (2004).
La autodeterminación postula un hecho del
todo participativo de la actividad política, en el escenario público de actores
sociales portadores de reivindicaciones específicas asociadas con el
reconocimiento de las diferencias de género, edad, etnia, cultura, desarrollo
desigual o condición social entre otras; obliga a redefinir los contenidos de
la autodeterminación política, teniendo presente las múltiples circunstancias
de la vida social.
La resistencia de la autodeterminación
social, es sin duda, una puesta en marcha de variadas estrategias que buscan la
inclusión del ciudadano en la arena del sistema político. Los programas de
política pública en Colombia frente a lo dicho, se encuentran cara a cara con una
resistencia visible de índole social que trata de significar nuevas maneras de
producción del poder y que se expresa en la esfera de lo público con
argumentaciones razonables.
Siguiendo lo afirmado anteriormente,
podemos conectarnos en que el Estado reaparece en circunstancias límites para
neutralizar o tratar las problemáticas. Frente a este contexto, Pierre Muller,
considera que las políticas públicas más que un hecho intervencionista o
reaccionario: “[…] son mucho más que unos procesos de decisión, en los cuales
participan unos autores. Constituyen el lugar donde una sociedad dada,
construye su relación con el mundo. Por consiguiente, las políticas públicas,
deben analizarse como unos procesos a través de los cuales van a elaborarse las
representaciones que una sociedad se da para entender y actuar sobre lo real”.
(2006)
Las políticas públicas deben tener
presente que la responsabilidad social es un principio fundamental donde se
cimientan grandes decisiones política. En estos términos comprendemos que los
problemas que enfrentamos en el Estado, son la manifestación de las decisiones
que se tomaron para la aplicación de un programa público sin la medida
cautelosa de haber diagnosticado por medio de un estudio considerable. Sólo
funcionó como acciones interventoras o reaccionarias.
Las políticas públicas son sin duda una
construcción social tal como lo plantea Muller, no son una gama de estrategias
procesales propuestas por unos cuantos, es ante todo una propuesta
participativa que involucra a los afectados y a los mecanismos gubernamentales,
que actúan con eficiencia sobre un hecho específico.
Lo positivo de estudiar las políticas
públicas desde el aspecto teórico, es que se señala toda una ruta de
discusiones conceptuales que dan fundamento a la hora de plantear y ejecutar un
programa; por ejemplo, examinar las estrategias y el uso de estás, el papel del
Estado en la implementación y ejecución, el establecer medidas que promuevan
los intereses estatales y sociales. Ahora bien, si lo teórico de la
emancipación social nos conduce por estas sendas mencionadas, porqué rutas nos
puede llevar la emancipación desde la una mirada sociológica.
Desde una
perspectiva sociológica, la política pública permite detallar algunos elementos
como la inclusión social, la cual reivindicaremos con el término participación
para efecto de construcción e implementación de la política pública, otro
elemento, son las medidas instrumentales y formas con la que se da la
participación a los grupos o comunidades sociales.
Las
eventualidades que producen cambios en una sociedad son apreciables en la
medida que pueden afectar el desarrollo de un programa de política pública. En
muchas ocasiones no es suficiente establecer políticas que auxilien estos
problemas, hay que analizar cuáles serian esos cambios sociales que pueden
variar y que además no dejan ver el panorama con claridad para lograr una
solución asertiva, de esta manera, la participación y la inclusión son
importantes porque buscan restablecer desde la reivindicación de la ciudadanía
social, caminos propios de emancipación
[..] La
participación social, popular, comunitaria, ciudadana, muchos nombres para
designar un proceso según el cual determinados actores de la sociedad civil se movilizan,
se “activan”, irrumpen en un escenario público e intentan influir sobre las
reglas y procesos que enmarcan sus condiciones de existencia y reproducción. En
particular, sobre las políticas estatales y el modo de organización social a
las que ellas apuntan. Son múltiples las circunstancias, condiciones y
modalidades que caracterizan la participación ciudadana, aún cuando los
estudiosos no hayan conseguido todavía llegar a un consenso acerca de las
categorías analíticas que permitirían formular una teoría general aceptable
sobre el tema. La propia naturaleza polisémica del término que adjetiva esa
participación (ciudadana, popular, social, cívica, comunitaria) es una primera
indicación, sin entrar a considerar las dificultades que todavía enfrenta la
definición de lo que debemos entender por “sociedad civil”. Menos claro aún es
el alcance que debemos dar al término “participación” o, incluso, al de
“políticas públicas”, supuesto referente de esa participación” (Oszlak, 2006)
La participación como lo sustenta Oszlak,
es una forma de irrumpir los escenarios públicos, de activar sin medidas la
inclusión ciudadana. Aunque muchos estudiosos no se hayan colocado de acuerdo
todavía con el concepto, una de las importancias que ofrece la participación
vista desde un horizonte sociológico es considerar que los intereses privados
no deben imponer su concepción frente al equilibrio social.
La importancia de tener presente la
inclusión de la población afectada, es que las decisiones no pueden partir
arbitrariamente desde juicios a priori, donde todo el trabajo puede terminar
desembocando en un Estado asistencialista, que sólo efectúa sus respuestas
desde lo que cree. Si se trata de tener presente las finalidades de la política
pública hay que permitirles a los ciudadanos, deliberar y juzgar los programas
que sean de su interés. Margarita Boladeras retoma unos elementos de un
análisis hecho entre Hannah Arendt y Habermas y enuncia: “Los ciudadanos son «portadores del espacio público» y en
él expresan problemas de los distintos ámbitos de su vida privada. El medio
propio es la interacción comunicativa, es decir, la práctica comunicativa
cotidiana que se produce a partir de la inteligibilidad general de los
lenguajes naturales. Este intercambio comunicativo produce argumentos,
influencias y opiniones”.
(Boladera, 2001) la participación de la población es un hecho que confronta
intereses y pone de relieve lo que puede ser justo o injusto.
En otro
aspecto, el racionalismo económico implementado por algunas instituciones o el
Estado parten de la lógica de menor inversión, más productividad. Cuestión que
al ser racionalizada en los programas de
políticas públicas no corresponden con lo que tal vez pretendían la sociología desde Marx a Durkheim y Talcott
Parsons, que habían cultivado una visión de la sociedad como un todo integrado.
En el esquema marxista por ejemplo, se supone que la cultura, corresponde en
cierto modo con la economía y la sociedad. Marx entiende que es “la sociedad -mediante la lucha de clases, la que hace que
el Estado recobre sentido” El Estado
implementa formas racionales en la sociedad porque siempre está en busca de su
perfeccionamiento, el Estado encarna una figura de modernidad occidental, se
entiende a sí mismo, se desprende de las estructuras “arcaicas” y se implemanta
y proyecta según sus intereses. En Marx se podría interpretar que el
planteamiento de las políticas públicas se encuentran activadas en función de
caridad o asistencia del Estado burgués a las clases bajas; el caso de
indigentes y pobres. Dice Hirschman: “A
medida que esta sociedad genera nueva riqueza, engendra a la vez ciertos
problemas de desigualdad emergente y deterioros regionales o sectoriales a
menudo injustos o que son percibidos como tales. De aquí afloran, en el ámbito
político, demandas de reformas y acción política. A su vez, tales reformas y
medidas tienen consecuencias económicas” (Hirschman, 1994)
Cuando no se
tiene bien previsto el estándar económico del programa para efecto de su
desarrollo, puede terminar como lo dice Hirschman en un círculo vicioso de
desigualdades sociales arrojando al programa político en una nueva
eventualidad.
Precisión metodológica y Conclusión
La realización de este proyecto induce a
efectuar una revisión bibliográfica y teórica que puede dar línea a los
procesos democráticos y participativos. La emancipación social, funciona como
mecanismo integrador entre los procesos políticos y la sociedad civil.
Igualmente el plan de análisis de la investigación, tuvo todo un rigor
científico que la temática requiere, se utilizaron tablas de comparación, se
recurrió a la sistematización de procesos de política pública en Colombia que
sirven como estudio y seguimiento de los procesos emancipatorios en el país;
además, se dispuso el tema para discutirlo con varios estudiosos que comparten
el interés en las políticas públicas y llegar a conclusiones que se pueden
considerar sobre diferentes problemáticas.
En
el transcurso de la investigación, se hallaron ideas esperadas e inesperadas,
lo que lleva a pensar, que pueden ser puntos de atención para futuros procesos
investigativos más profundos y de mayor análisis; además, quedan en la mesa,
varios temas que a juicio personal, habría que reflexionarlos y examinarlos con
lupa para aquellos estudiosos que quieran abrir debate y posibilidad de estudio
en el tema. Las problemáticas que pueden prestarse para ampliar su reflexión
son: ¿Son las políticas públicas un mecanismo de biopoder o biopolítico? ¿Qué
efectividad tienen los modelos de implementación de política pública en el
sistema social? ¿Cuál es la naturaleza real del concepto de política pública?
aunque estas preguntas nos agolpan, pueden servir de puente para futuras
investigaciones.
La
problemática sobre política pública y los procesos emancipatorios, nos
condujeron a reflexionar factores como la democracia, la gobernabilidad, la
compatibilidad con el marco constitucional y su sustentación con la
participación intelectual y práctica de los ciudadanos que requieren considerar
las libertades, las oportunidades y las utilidades de la sociedad civil. La
presente investigación busca convertirse en una herramienta de carácter
interpretativo, analítico que posibilite comprensión a la hora de formular
política pública desde el contexto de la emancipación social.
Involucrarse en el tema de emancipación social en los procesos de
política pública, es adentrarse a cuatro campos fundamentales del sistema
político y reconstruir todo un escenario social en los procesos de
transformación, que implican incluir al ciudadano en las decisiones colectivas
y de interés común. El primer campo fundamental
se refiere a los procesos democráticos que reivindican a los ciudadanos con las
acciones participativas en la toma de decisiones. La participación democrática
es sin duda alguna, un modelo de comportamiento social fundamentado en los
principios del pluralismo, la tolerancia y la responsabilidad ciudadana. El segundo campo menciona la
importancia de la autodeterminación social como forma de desligarse de los
mecanismos que se establecen para organizar y administrar los bienes sociales
que funcionan de manera regulativa. La autodeterminación implica, asumir
libremente el propio devenir como pueblo o como conjunto social, que busca
alternativas de solución a los diferentes avatares sociales. El tercer campo hace énfasis a la
teoría jurídico-política que restablece el reconocimiento de los derechos
individuales y sociales en todo un panorama político-social. El Estado social
de derecho, reivindica al ciudadano en las acciones políticas, estos derechos
contemplados en la Constitución Política, construyen un puente entre la
integridad del individuo y su participación en el sistema político. Por último;
el cuarto campo es la
estructuración de la agenda política, que pretende organizarse en un marco
administrativo funcional que busca liderar las tensiones sociales para dar vía
de solución a las diferentes problemáticas. La formulación de la agenda coloca
de manifiesto los intereses gubernamentales que se ocupan de aquellas
problemáticas que se consideran altamente importantes.
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.
* Este
trabajo es producto de la tesis de maestría “La emancipación social en los
procesos de formulación e implementación de la política pública” Desarrollado
en el programa de estudios políticos y relaciones internacionales de la
Universidad Pontificia Bolivariana. fecha de realización Enero del 2011 hasta
Enero del 2013.
[1] Apropósito, el termino De-construir remite a múltiples ascensiones
en su significado, pasando por autores como Jaques Derrida, Cristina Peretti
entre otros, quienes proponen que este proceso de de-construir es una manera de
desarticular aquellas partes construidas, en este caso, de una política
pública, no con el ánimo de destruir si no con
la disposición de fortalecer y fundamentar cada una de las partes que
integran ese proceso.
[2] Entendemos
por Judicial Review, al control o revisión judicial que se le hace a las leyes
que decretan un derecho establecido.
[3] Frente
a este panorama, cabe remitirnos a los análisis que realizan Rodrigo Uprimny y
Mauricio Villegas sobre: “Corte constitucional y emancipación social en
Colombia” en este trabajo, los autores mencionan tres casos principales que
traemos para fundamentar nuestros análisis, donde reconocen una forma
constitucional y emancipadora. El caso de los indígenas, los movimientos sindicales
y la comunidad gay donde se reconocen los derechos fundamentales por medio de
un acto jurídico.
[4] La
sentencia T– 406/92 Establece que Colombia es ante todo un Estado social de
derecho, por tanto, es fundamental tener presente en las decisiones de la
corte, los principios constitucionales que establecen la aplicación de los
valores que defienden la vida humana.
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